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DERECHOS HUMANOS: Nicolás Cisneros – “El olvido, el peor enemigo para los derechos humanos”

Publicado el viernes 24 de junio, 2016

latin_nNicolás Cisneros – Colegio De la Inmaculada, Perú

Artículo 2-Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración (como los derechos  políticos, sociales, culturales, económicos, etc.), sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Es común pensar que las sociedades latinoamericanas están viviendo un proceso positivo en la índole de la inclusión social. A simple vista, haciendo un contraste con las brechas sociales existentes en el virreinato, se puede confirmar esta afirmación. Sin embargo considero que la brecha social sigue tan abierta como estaba hace cinco siglos y que simplemente se ha ido adaptando según las percepciones de libertad e igualdad del latinoamericano. Como sustento a lo mencionado anteriormente, me contextualizaré en las últimas décadas de la historia peruana. En 1980 se desató una de las épocas más violentas para dicho país, denominada como “Conflicto Armado Interno” o C.A.I. (por sus iniciales) debido a las condiciones presentadas sobre los ejecutantes de la violencia. Sin la intención de centrarme en un análisis total de las causas, hechos y consecuencias de este periodo, deseo hacer hincapié en la principal víctima del conflicto: el poblador rural. La herida producida hace 36 años sigue afectando negativamente a dicha víctima hasta la actualidad, por más que el C.A.I. haya terminado en el 2000.  El olvido y la indiferencia, originados por el clasismo y racismo hacia los habitantes de pequeños pueblos de la Sierra (y también en parte de los de la Selva) siguen presentes hasta ahora, como un estorbo para sus derechos.

Entendemos como poblador rural a aquella persona habitante de una localidad de menor tamaño a una metrópoli y que no posee gran parte de las facilidades que se encuentran en la última. En la gran mayoría de países latinoamericanos, el ser poblador rural involucra la pertenencia a un nivel socio económico deprimido y a tener obstáculos en el acceso a servicios básicos. Perú no es y no ha sido la excepción dentro de este problema social.

El discurso planteado por Abimael Guzmán, cabeza de Sendero Luminoso (organización terrorista y principal artífice del “Conflicto Armado Interno”), proclamaba un pseudo-apoyo a esta clase social y prometía la igualdad social añorada por esta desde siglos atrás. Las manifestaciones senderistas iniciaron en 1980 en la provincia Cangallo, Ayacucho; y el  presidente de esos años, Fernando Belaúnde, le restó importancia al problema. Esta indiferencia de las autoridades ante el naciente problema se vio reflejada en las escasas medidas tomadas para frenarlo. Suponían (y suponían mal) que el problema permanecería únicamente en las provincias alejadas de Ayacucho y que por ende no se le debía tomar una gran importancia.

A finales de la década del ochenta, Sendero Luminoso magnificó su manifestación violenta a la mayoría de regiones del país incluyendo a Lima, la capital. Fue recién ahí cuando se priorizó el fin del “terrorismo” (así era denominado en esos años, ya que no se consideraba a las Fuerzas Armadas como un principal artífice de la violencia) como tarea pendiente para el Gobierno. A partir de 1992 (la captura de Abimael Guzmán), la violencia se redujo notablemente, sin embargo el saldo de muertes y pérdidas fue lamentable. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), o abreviado como CVR,  calificó al campesino como el principal afectado de este periodo de violencia. El abuso ante los pobladores se dio tanto por parte de las organizaciones terroristas (Sendero Luminoso y MRTA) como por las Fuerzas Armadas. Hechos como la masacre en Lucanamarca son una prueba de las atrocidades cometidas hacia este grupo con escasos recursos económicos.

El informe de la CVR plantea también que hay una deuda pendiente con el poblador rural después del “Conflicto Armado Interno”, pues más allá de las muertes, desapariciones y masacres producidas contra este, el tema del olvido es un problema aún vigente. El olvido, manifestado desde la indiferencia de las autoridades en un principio hasta la cruel forma en cómo Sendero Luminoso cambió su discurso y lo usó en contra de sector campesino, es simplemente un reflejo de la poca importancia que le damos como peruanos a cambiar la situación de la desigualdad social. Actualmente los pueblos de la provincia de Cangallo, provincia donde comenzó el C.A.I., siguen viviendo en las mismas escasas condiciones que en las que vivían hace ya casi 40 años. Si bien la responsabilidad principal es de las autoridades y entidades políticas, nosotros adquirimos parte de la culpabilidad con nuestra indiferencia ante la gran brecha social. El olvido que mató los derechos y libertades fundamentales del campesino en 1980 los sigue matando ahora, pues nadie se dispone a pagar la deuda pendiente y la situación social parece no cambiar en los posteriores años. Esa cruel indiferencia es, en esencia, la misma que ha discriminado a los mismos sectores socio económicos durante toda su existencia.

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