Michael Alonso Zegarra Lizana – Colegio Cristo Rey, Perú

LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

La corrupción es un fenómeno estructural, complejo y cotidiano. Es regresiva y golpea más a los que menos tienen. Sus múltiples manifestaciones y sus sistemas y redes clandestinos hacen que sea difícil prevenirla, combatirla y sancionarla si no se tiene una firme voluntad política, un sistema efectivo e integral y un plan bien definido. Necesitamos también funcionarios capacitados, que actúen con ética, un presupuesto suficiente y, sobre todo, recobrar la confianza de la ciudadanía para que colabore decididamente y no se sienta defraudada.

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América Latina es, sin duda, una de las regiones más corruptas. Venezuela, Paraguay, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Padecemos de este fenómeno social, político y económico que socava a las instituciones democráticas.

Según la VIII Encuesta de Percepciones de Corrupción de Proética, la corrupción es percibida como el segundo problema del país para los peruanos, por detrás de la delincuencia. El 80% de los peruanos lo califica de corrupto o muy corrupto. Desconfían del Congreso y de la PNP, pero creen en la defensoría. El Informe Global de Competitividad cita, además, la corrupción como el segundo problema para hacer negocios en el Perú.

Actualmente, el país tiene índices de estabilidad política y de efectividad normativa relativamente bajos en comparación con sus vecinos, así como una tasa moderada de participación política. Por ello, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), está poniendo en marcha iniciativas para prevenir y castigar la corrupción, con las que se pretende reducir vulnerabilidades de corrupción dentro del sector público, y promover la transparencia, así como facilitar los instrumentos para su denuncia. El sector privado y la sociedad civil (pactos de integridad, iniciativas de monitoreo social) pretenden aunar esfuerzos para lograr un mayor impacto en las estrategias de lucha contra la corrupción. Y desde 2010, el Banco Mundial ha respaldado los esfuerzos del gobierno de Perú por consolidar y fortalecer sus sistemas de prevención de la corrupción, participando también en la elaboración de nuevas estrategias de transparencia.

Estas medidas han permitido poner en la agenda nacional la necesidad de que el Estado y la sociedad en su conjunto se involucren en un esfuerzo sistemático e integral, de corto, mediano y largo plazo. Esta iniciativa de la máxima autoridad del país puede marcar un hito en la lucha contra la corrupción, pero es imprescindible que esta voluntad política sea sostenida día a día y compartida por cada una de las autoridades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y los gobiernos regionales y locales. En esta tarea, la ciudadanía tiene un papel central en la vigilancia y la denuncia, y también en combatir la tolerancia a la corrupción (indiferencia).

El Perú no puede permitirse fracasar nuevamente en la lucha contra la corrupción. Está en juego el prestigio de la democracia, la confianza de los ciudadanos en su Estado, así como la entrega de servicios básicos de calidad a la ciudadanía y la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Como decía el padre Hubert Lanssiers, así como “existe una tecnología del mal, debe existir, en contrapeso, una tecnología del bien”. Tenemos la obligación histórica de trabajar juntos para construir una agenda nacional que nos permita vencer a este enemigo común.